FISCAL Y TRIBUTARIO: Inconstitucionalidad de la plusvalía municipal (IIVTNU)

Con fecha 16 de febrero de 2017, el Tribunal Constitucional ha declarado contrario a la Constitución la aplicación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía municipal) cuando no ha tenido lugar un aumento de valor.

Efectivamente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Norma Foral de Gipuzkoa, que dispone que la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se determinará aplicando al valor catastral del terreno un porcentaje que, a su vez, es el resultado de multiplicar el coeficiente establecido por el ayuntamiento por el número de años en que, supuestamente, se ha producido el incremento.

El Tribunal insiste en que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con carácter general, no es contrario a la Constitución, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión.

En consecuencia, declara inconstitucionales y nulos los arts. 4.1, 4.2 a) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia. (sic)

Recordamos que el problema de este impuesto radica en que tenemos establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, ante el cual la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos).

En definitiva, el Tribunal protege el principio fundamental de capacidad económica del art. 31.1 de la Constitución Española, que debe ser “mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Al respecto, es importante tener en cuenta que la base imponible de la normativa estatal se determina bajo los mismos parámetros que en la Norma Foral afectada.

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